Soldados del Ejército volvieron a ocupar la localidad shuar de Nankints, en las cercanías del Puente de San Carlos.

Los indígenas shuar son desalojados por la Fuerza Pública de un remoto paraje en la provincia de Morona Santiago, en donde una minera china tiene una concesión para la búsqueda y explotación de un gran yacimiento de cobre. El movimiento indígena denuncia la violencia del Ejército y la Policía, mientras el Gobierno responsabiliza de ella a los campesinos.
28 de noviembre del 2016
REDACCIÓN PLAN V

Por segunda ocasión se produjeron choques en la localidad de Nankints, en la provincia de Morona Santiago, donde un grupo de pobladores indígenas de la nacionalidad shuar se opone a la explotación de lo que parece ser un gran yacimiento de cobre, concesionado por 25 años a una empresa china.

Según datos de la Cumbre Agraria, hay por lo menos tres millones de hectáreas destinadas al desarrollo de proyectos mineros y los más importantes son Mirador y Fruta del Norte (Zamora Chinchipe), San Carlos-Panantza (Morona Santiago), Loma Larga (Quimsacocha) y Río Blanco (Azuay).

Según la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) el 23 de noviembre, alrededor de las 19h00, “las Fuerzas Armadas atacaron a la población shuar de Nankints en el Puente de San Carlos, en una operación para militarizar las cabeceras de Panantza y San Carlos. Estos movimientos de las Fuerzas Armadas generan las condiciones para la violación de Derechos Humanos y que se llegue a pérdidas irreparables si se provoca un enfrentamiento”.

Según la Conaie, el  lunes 21 de noviembre, los shuar ocuparon nuevamente el sector de Nankints, en donde se realizaría la construcción del campamento del proyecto minero San Carlos-Panantza. “El proyecto minero está ubicado sobre territorio ancestral shuar, pero nunca fue consultado a sus integrantes, violando sus derechos constitucionales”, sostuvo el movimiento étnico.

“El proyecto minero está ubicado sobre territorio ancestral shuar, pero nunca fue consultado a sus integrantes, violando sus derechos constitucionales”, sostuvo la Conaie.

La Conaie informó que el 22 de noviembre “los comuneros que regresaron a Nankints fueron atacados por aire y tierra por más de 1000 efectivos militares y policiales. Producto de estas acciones hubo comuneros y efectivos heridos; comuneros shuar fueron apresados y existen miembros de la comunidad de los cuales no se conoce su paradero. El 23 de noviembre, fueron apresado Adrián Chumpi de la comunidad Kutukus y Cristóbal Sanchim de la comunidad Yukuteis mientras pasaban el puente nuevo de San Carlos sobre el río Zamora”. En redes sociales circuló la versión de la presunta muerte de dos indígenas, pero esto no pudo ser confirmado oficialmente.

La Conaie precisó que “Nankints se encontraba en diálogos con diferentes instancias gubernamentales para llegar a un acuerdo y la posibilidad de una consulta previa, libre e informada de conformidad con la Ley, plática que fue interrumpido por el violento desalojo de las familias shuar en manos de la misma fuerza pública y la invasión de su territorio por parte de la empresa china Explocobres SA, EXSA”.

La organización indígena exigió “la desmilitarización del territorio shuar para evitar cualquier situación de violencia. Convocamos a la solidaridad de la ciudadanía, para exigir la desmilitarización y el cese a las acciones violentas que van en beneficio de las empresas chinas”.

Para Acción Ecológica, “la zona en conflicto ubicada en la Amazonía sur del Ecuador, provincia de Morona Santiago, es  mayoritariamente territorio del pueblo shuar. En este espacio se ha impuesto el proyecto Panantza-San Carlos, en donde se proyectan abrir dos minas a cielo abierto que contaminarán el territorio con enormes cantidades de desechos tóxicos y utilizará millones de litros de agua afectando los ríos y otras fuentes de agua.  Al terminar de explotar los minerales quedarán dos cráteres en el corazón de la Cordillera del Cóndor e irreversibles impactos ambientales, sociales y culturales, sobre todo en las parroquias Santiago de Panantza, San Carlos de Limón y  San Miguel de Conchay”.

La organización ecologista agregó que “hay una total ausencia de consulta y predisposición a escuchar las demandas de las personas afectadas y voces locales. La población está sometida a continuos procesos de criminalización, agresión y hostigamiento. Siguen en la impunidad los tres asesinatos de indígenas shuar cometidos en la zona. En el último año se han llevado a cabo continuos procesos de despojo, expulsión y desalojo forzoso para entregar los territorios a capitales mineros chinos. Destaca la inoperancia e incluso la connivencia del Estado ecuatoriano en las agresiones sufridas”.


Los dirigentes indígenas Severino Sharupi, Jorge Herrera y Katy Betancourt entregaron una carta en el Ministerio de Defensa, pidiendo el fin de la represión en la zona.  Foto: Expreso

El primer desalojo

Pero ya el 11 de agosto, por lo menos ocho familias, que suman 32 personas, fueron desalojadas por el Ejército y la Policía en el sector.

Luis Domingo Tiwiram es un dirigente indígena de la zona, quien luego del primer desalojo brindó declaraciones a medios cuencanos sobre la incursión de la Fuerza Pública que los obligó a salir de sus hogares.

Luis Domingo Tiwiram es un dirigente indígena de la zona, quien luego del primer desalojo brindó declaraciones a medios cuencanos sobre la incursión de la Fuerza Pública que los obligó a salir de sus hogares.

Según dijo Tiwiram, a las 10:00 del 11 de agosto, por lo menos 1.500 militares y 150 carros ocuparon la zona, desde la entrada a Panantza hasta Nankints y otras localidades como Santa Rosa y Santiago de Panantza.

“Éramos ocho familias, en total 32 personas, de ellos son unos 12 niños; todos fuimos sacados de Nankints, nos dejaron sin vivienda, sin tierras, sin nada, los compañeros de Panantza nos prestaron un local estamos ahí, pero nos sentimos como que somos un estorbo y ya no tenemos ni que comer. Nada nos han indemnizado, ni siquiera vinieron a conversar, lo único que había era una demanda, la diligencia iba a ser el 19 de este mes, pero antes de que llegue la fecha mejor fue el desalojo”, relató a un periódico de la capital azuaya. Según el dirigente indígena, la Constitución les ampara en la propiedad ancestral de esas tierras, en donde vivían varias generaciones de indígenas, por lo que se han resistido durante diez años a abandonarlas.

En sus fincas, precisó el dirigente, “teníamos cultivos de yuca, plátano, guineo, y de la pesca, ahora no tenemos nada; vamos a seguir en la lucha”.

Acacho: que se vayan los chinos

De su lado, el asambleísta indígena Pepe Acacho sostuvo que “es emergente que cesen las incursiones policiales y militares en el territorio ancestral de la nacionalidad shuar. No es posible que se pretenda instaurar un sistema de fuerza, represión y amedrentamiento para afrontar los problemas que aquejan a la territorialidad shuar por la intervención de empresas mineras transnacionales”.

Acacho rechazó “que las niñas y niños se vean afectados psicológicamente con la presencia militar y los constantes sobrevuelos de helicópteros policiales y militares. Que las familias deban abandonar sus hogares y refugiarse en la selva por temor a los ataques armados y detenciones. Que no tengan libertad de movilizarse y comunicarse entre sus familiares en sus propias comunidades. Que la única radio que posee la nacionalidad shuar, La Voz de Arutam, haya sido saboteada. Que los medios de comunicación y dirigentes indígenas se vean impedidos de ingresar a la zona”.

Pepe Acacho rechazó “que las niñas y niños se vean afectados psicológicamente con la presencia militar y los constantes sobrevuelos de helicópteros policiales y militares”.

“Nankints es solo una muestra del malestar y conflictividad producto del irrespeto por parte del Estado y de las empresas mineras, a los derechos colectivos de este pueblo que no ha escatimado esfuerzos para defender su territorio por canales formales y acciones pacíficas”, sentenció Acacho.

El asambleísta dijo que “se demandó ante la justicia, la falta de consulta previa a las comunidades indígenas afectadas, precisamente por el proyecto minero a gran escala Panantza-San Carlos. Entre otras acciones que han sido desestimadas por las diferentes autoridades nacionales, a pesar de contar con un Mandato Minero que suspendió las concesiones de este proyecto por estar localizado en una zona de gran riqueza hidrográfica, y por no haber consultado a sus habitantes ancestrales”.

Acacho pidió “al gobierno chino para que se abstenga de continuar con el proyecto minero y que se retiren de forma pacífica del territorio shuar”, así como también hizo un llamado “a los parlamentarios de los diferentes países y organismos intergubernamentales de derechos humanos: ONU y OEA; a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos nacionales e internacionales: Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Organización Mundial Contra la Tortura, OMCT; la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH; a interponer sus gestiones y acciones urgentes ante el poder ejecutivo, para instaurar un mecanismo de diálogo orientado a restituir la paz y tranquilidad en el país”.

La versión del Gobierno

Por su parte, el Gobierno responsabilizó de la violencia a los indígenas. Según la información oficial de El Ciudadano, “el Presidente Rafael Correa, hizo un llamado a rechazar estos actos de extrema violencia”. Para el medio oficial, lo que ocurrió fue que hubo “actos de violencia en Nankints, provincia de Morona Santiago, contra los policías que ejecutaban el desalojo de ciudadanos que se habían tomado por la fuerza las instalaciones del proyecto minero de Ecuacorriente”.

“A través de un reportaje, emitido en el Enlace Ciudadano 502, se evidencia cómo varios policías fueron agredidos con armas de fuego, e incluso dispararon a un helicóptero que patrullaba el lugar, resultando 14 uniformados heridos y uno de ellos de gravedad”, dijo el medio gubernamental.

Para el Gobierno “se evidencia cómo varios policías fueron agredidos con armas de fuego, resultando 14 uniformados heridos y uno de ellos de gravedad.”

“El Presidente de la República, Rafael Correa, hizo un llamado a rechazar los actos de violencia generados por parte de indígenas shuar, durante la toma a la fuerza de las instalaciones del proyecto minero. “Esta gente nos quiere regresar diez años en el pasado”, dijo el Jefe de Estado al referirse a estas protestas, que no tienen fundamento”, finalizó El Ciudadano.

Tanto el Ministerio de Defensa, cuanto el del Interior, han insistido en que el desalojo se cumplió con orden judicial, pues la zona ha sido concesionada a la empresa china. El Gobierno de Beijing no se ha pronunciado sobre el incidente.

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